En esta zona también operó el tristemente célebre comandante paramilitar Camilo Morantes, famoso por su apetito sangriento, y quien en el año 1999 fue ejecutado por orden de Carlos Castaño Gil, jefe de las Auc, tras la ocurrencia de una masacre, en Barrancabermeja, donde 28 personas fueron brutalmente asesinadas, de las cuales 23 fueron desaparecidas forzosamente.

Esta presencia fue pública hasta el 2006, tras la desmovilización, pero años después se ejerció de una manera soterrada, pues aunque hubo un acto formal de rompimiento de filas, las estructuras criminales de estos grupos permanecieron intactas por los menos tres años más.

“Ellos no tenían mucho tiempo de haber comenzado. Nos hablaron de que al igual que a nosotros, la cosecha no había rendido, que era una buena opción la hoja de coca porque tenía un tiempo de cultivo mucho más corto y con ganancias más altas. Fue una moda que permeó el municipio con mucha facilidad porque, aunque sabíamos que era ilegal, no había presión de las autoridades. Sabíamos, por ejemplo, que la gente del Ejército y la Policía se hacían los de la vista gorda porque por algún lado les mojaban la mano”, recordó Juan Carlos.

Lo que quiere decir que si Juan Carlos sembraba hoy una hectárea con plantas de coca, en 2 meses y medio ó 3 podía arrancar la hoja e iniciar el proceso que se llama la raspa (hoja de coca picada).

“La regábamos en un plástico, la triturábamos con una guadaña y cuando estuviera bien fina le añadíamos los químicos”, contó Moreno para luego recitar con precisión de avezado farmaceuta la combinación de insumos que se usaba para obtener el producto final. Gasolina o petróleo, ácido sulfúrico, amoniaco… La receta larga y compleja, el procedimiento dispendioso y hasta peligroso.

Contó que el producido podía comercializarse de dos maneras: Como base de coca, la cual se obtenía luego de pasar la hoja a un laboratorio o ‘chagra’, como lo conocían en la zona, y el kilo de base podía costar entre 2 millones y 2 millones 500 mil pesos, dependiendo de su calidad.

En esta forma de entrega la relación entre cultivo y producido era una hectárea de hoja de coca por cada kilo de base.

La otra ‘presentación’, narró Moreno, era el kilo de coca, que se obtenía luego del procesamiento de la base en un cristalizadero para lograr cocaína de alta pureza, lista para su comercialización, la cual, en las calles de la localidad, tenía un costo que oscilaba entre los 5 millones 500 mil y los 7 millones de pesos.

De esta manera, quienes desearan mayor dinero tenían la libertad de armar un cristalizadero y los químicos eran financiados por los paramilitares, de tal manera que cuando llegaba la hora del pago se ajustaban cuentas para cobrar el valor de los químicos.

“Entonces, obteníamos $5 millones (por hectárea), en un tiempo de siembra, cosecha y producción que no superaba los 6 meses. Esto, por supuesto, era muchísimo más rentable que cualquier cultivo lícito, pues para el caso del maíz o la yuca, que era lo que nosotros sembrábamos, nos demorábamos más del doble en tiempo entre la siembra y la cosecha para obtener apenas la mitad del dinero, involucrando en los dos sembrados toda el área de la finca. Es decir, necesitábamos más tiempo y más área de terreno para obtener mucho menos dinero”, contó Moreno Mejía.

“Ya habían ocurrido varios asesinatos. Pero el primero que yo vi fue cerca a mi casa, en una taberna. Un muchacho discutió con el cantinero por la cuenta, era una cosa sencilla que en otro tiempo se hubiera arreglado con solo hablar, pero la conversación se calentó mucho y el cantinero le pegó cinco tiros; en frente de todo el mundo, el muchacho quedó ahí tirado. En repetidas ocasiones vimos cómo varias vidas acabaron con actos de intolerancia”, dijo Moreno, quien aseguró que la autoridad sí actuaba pero solo para realizar el levantamiento de los cuerpos.

“Luego los hechos criminales se nos convirtieron en una cuestión casi cotidiana y lo peor era que ya no solo eran hechos de intolerancia entre los pobladores sino que también se propició violencia por cuenta de los mismos paramilitares. Recuerdo un caso en particular que conmocionó mucho a la población, en el que unos sujetos que entraron a comprar mercancía (coca) robaron a unos campesinos los kilos, hubo un desacuerdo en el valor de la ‘merca’ y decidieron llevársela sin pagar. Al salir los hombres del predio, varios de los campesinos de la vereda iniciaron una persecución, que al final terminó con dos muertos, un campesino y uno de los delincuentes, y en el hecho otro campesino acabó paralitico, después de ser herido gravemente”.  

“De eso nos dimos cuenta cuando el dinero, único factor motivador para seguir en la siembra de hoja de coca, empezó a faltar a pesar de que las producciones de cocaína se mantenían altas. En nuestro caso, como en el de varios en Cimitarra, ocurrió porque los negocios no se estaban haciendo de la forma como se realizaban inicialmente, es decir, pagándole a uno de inmediato los kilos que uno entregaba. Entonces, empezaron a venir por cuatro o cinco kilos, la producción de cada parcela, durante cuatro meses, pero pagaban cuatro o cinco meses después, cuando volvían por una nueva carga. Y hay que recordar que las cargas se hacían con la mayor suma posible de kilos, entonces venían los ‘paras’, vereda por vereda, recogían todo y sumaban una carga que podía sumar los 140 ó 160 kilos, porque había parcelas que producían más que otras”, explicó.

Y agregó que “entonces, esto propició también una debacle económica, porque ya éramos los mismos campesinos los que financiábamos los químicos y el cultivo, y al no tener cómo pagar eso, nos vimos en la obligación de sacar prestado para cada trabajo. Eso hasta que vinieron en una ocasión, se llevaron todo y no volvieron ni a pagar ni a recoger, pero sí a robar. Sí. La cosa se agravó, imagínese que había campesinos que guardaban una que otra carga, y eso se sabía, pues ¿qué hicieron estos señores?, vinieron y comenzaron a robar casa por casa, donde sabían que había kilos escondidos”.